El PSOE ‘feminista’ lamenta ahora que la ley que aprobó castiga más el robo que la agresión sexual

El PSOE ha presentado este lunes en solitario su propuesta para reformar la conocida como Ley del sólo sí es sí, que ha provocado ya casi 400 rebajas de condenas a agresores sexuales y 33 excarcelaciones. Los socialistas han registrado la propuesta para intentar «corregir los efectos no deseados de una buena ley», según ha señalado el portavoz parlamentario, Patxi López. No obstante, cabe recordar que todo el Gobierno había sido debidamente advertido de las consecuencias de esta norma, impulsada por Igualdad y Justicia, y que, como reveló OKDIARIO, incluso Moncloa alertó a Irene Montero sobre la rebaja de penas. Ahora, fuentes gubernamentales lamentan, en cambio, que la ley a la que dieron el visto bueno castiga incluso menos las agresiones sexuales -uno a cuatro años- que el robo con violencia, que conlleva entre dos y cinco años de cárcel. La pena mínima de la agresión sexual con penetración -violación- también es inferior -cuatro años- a la máxima por robo.

La propuesta del PSOE recupera la horquilla de entre uno y cinco años de prisión para las agresiones sexuales en las que no haya penetración y de entre seis y 12 cuando sí haya penetración, en el caso de que la agresión se hubiera producido con violencia, intimidación o anulando la voluntad de la víctima. Pese a la reforma, en el PSOE admiten que es posible que una vez entre en vigor la reforma se produzcan todavía rebajas de condenas.

La pretensión del socio mayoritario del Gobierno es aprobar esta reforma en el Congreso este mismo mes de febrero y para ello ya han pedido la tramitación por la vía de urgencia, con el que los plazos se acortan a la mitad. Los socialistas admiten que su interés es sacar adelante la propuesta con sus aliados del «bloque de investidura», esto es, con ERC y Bildu, y no tienen intención de hablar con el Partido Popular, que ya en diciembre registró en el Parlamento una proposición casi idéntica para elevar las penas. «No negociaremos con el PP porque no quiere la ley, hablaremos con todos los demás», ha afirmado López, en rueda de prensa.

Las conversaciones con Podemos se han dilatado durante días, sin acuerdo final. El desencuentro entre los socios es grave. Desde el PSOE señalan que había llegado un punto en que las negociaciones «no avanzaban» y era «urgente» corregir la ley. El plazo para la aprobación definitiva de la reforma de la norma dependerá de las enmiendas que se presenten. En este proceso no descartan que pueda producirse algún acuerdo.

Avisos

El Gobierno fue advertido en reiteradas ocasiones de lo que ahora califican de «efectos no deseados». Es decir, que la ley que pensaban aprobar podría provocar las revisión de condenas a la baja. Pese a ello, el Consejo de Ministros -presidido por Pedro Sánchez- le dio luz verde el 6 de julio de 2021 y la ley quedó definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado agosto.

Como desveló este periódico, el Ministerio de la Presidencia era consciente del riesgo judicial de la norma, como admitió también hace unos días la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

En un documento fechado el 16 de septiembre de 2020, Moncloa avisó a Igualdad de que, con la reforma proyectada, «el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves».

En este contexto se alertaba: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Durante más de dos años, Sánchez ha ocultado la existencia de este informe y sus críticas a la rebaja de penas. Es más, el presidente socialista no ha dudado en mostrar públicamente su respaldo a la ley, de la que se ha declarado «orgulloso».

La semana pasada, Calvo confesó que Moncloa era consciente de los riesgos y que, tanto ella como el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hicieron «observaciones» a la ley presentada por Montero, pero que se optó por respetar la «autonomía» de Montero y se siguió adelante con la ley. «Era previsible que ocurriera», reconoció la dirigente socialista.